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Cabe recordar que los últimos años de su administración estuvieron marcados por una fuerte sequía que llevó a una crisis eléctrica con racionamientos incluidos debido a la escasez de fuentes alternativas a la hídrica para la generación de energía.
La situación del país frente a las empresas eléctricas era precaria debido a dos aspectos: el de la fiscalización y el de las compensaciones a los usuarios frente a eventos como el que se vivieron en noviembre de 1998 y abril y agosto de 1999, cuando los habitantes desde Taltal a Chiloé debieron soportar hasta tres horas diarias de cortes de luz.
Frente a lo primero, la capacidad de sanción que tenía la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) era mínima, llegando a un máximo cercano a los doce millones de pesos de multas. Y frente a la protección de los consumidores de la energía, las empresas eléctricas siempre tenían el recurso de declarar las suspensiones de suministro como situaciones de "caso fortuito" o "fuerza mayor", lo que las liberaba de las responsabilidades y quienes debían pagar el costo de los problemas eran los usuarios.
A fines del gobierno Frei Ruiz-Tagle se inició un serio proceso de reforma orientado a los ciudadanos que terminó por modificar ambos aspectos: en el primer caso, otorgando nuevas y potentes facultades sancionatorias a la SEC, pudiendo ahora dictar multas por hasta 10 mil UTA (equivalente a unos 8,5 millones de dólares) por evento, sobre todo mirando la responsabilidad de las empresas en cuanto a la coordinación y previsión necesarias para enfrentar las crisis eléctricas.
Además, y para evitar la también tradicional judicialización de los procesos fiscalizadores, se estableció la obligación de la consignación de al menos el 25 por ciento de las multas cuando una empresa quisiera apelar ante los tribunales de justicia.
Pero la reforma legal fue todavía más lejos y se eliminó la causal de "fuerza mayor" que permitía a las compañías del sector eximirse de responsabilidad en condiciones de racionamiento, estableciendo que las compensaciones se han de pagar a todo evento.
Las autoridades de la época mostraron estar completamente de parte de los derechos de las personas, y los cambios legales establecidos en ese momento fueron la base de la modernización energética de que hoy empieza a disfrutar el país, tanto en lo referido a la protección de los consumidores como en la agilización de los procesos y el establecimiento de incentivos a la inversión en generación y transmisión de energía.
Eso, amén de las primeras campañas de ahorro de energía, que actualmente se han convertido en un programa serio de eficiencia que también se inserta dentro de la nueva institucionalidad.
En medio de iniciativas desinformadoras propias del período electoral, vale la pena recordar los esfuerzos que han permitido al país dar pasos sustantivos en materia energética y que se gestaron hace más de una década.